Alguns dias depois de assumir a presidência do México, em 2006, Felipe Calderón decidiu lançar um rigoroso plano de combate ao narcotráfico. Queria desmontar o poder dos cartéis por bem ou por mal, e com uma canetada enviou cinco mil soldados do exército para o estado de Michoacán, sudeste do país. Estava aberta a temporada de caça aos chefões da droga – e inaugurada aquela que, seis anos e 60 mil mortos depois, seria a marca indelével de seu governo para a história.
A estratégia de pescar os “peixes grandes” acabou fraturando as organizações criminosas e motivando disputas internas por território e poder. Corpos começaram a aparecer com cada vez mais frequência em valas comuns, carros abandonados ou simplesmente jogados por aí. Quando não, amanheciam pendurados em viadutos a modo de recado para os rivais.
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Pelo menos três integrantes do Movimento pela Paz com Justiça e Dignidade, que pede o fim da guerra ao narcotráfico no México, foram executados nos últimos três meses. O caso mais recente aconteceu na terça-feira (6), quando sujeitos encapuzados sequestraram e mataram o líder comunitário Trinidad de la Cruz Crisóforo. Poucos dias antes, em 28 de novembro, a violência já havia batido às portas de Nepomuceno Moreno Muñoz. E, em outubro, caía a primeira vítima dos pistoleiros entre os pacifistas: Pedro Leyva, encurralado no dia 7.
Dos três assassinatos, um aconteceu no Estado de Sonora, no norte do país, onde vivia Nepomuceno. Don Nepo, como era conhecido, tinha 56 anos e ingressara no Movimento pela Paz para denunciar o desaparecimento de cinco jovens, entre eles seu filho, cujo paradeiro está desconhecido desde julho de 2010. Nepomuceno participou das caravanas que percorreram o país de norte a sul para denunciar o aviltante número de mortes em decorrência dos enfrentamentos — já passam de 50 mil — e exigir o fim da militarização do país.
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Aproximadamente 50 mil pessoas já foram executadas dentro das fronteiras mexicanas desde 2006, ano em que o presidente Felipe Calderón, apoiado pelo então ocupante da Casa Branca, George W. Bush, decidiu entrar em guerra aberta contra o narcotráfico. Apesar de alta, escandalosa, a cifra é apenas uma estimativa. O número de vítimas pode ser maior, e cresce dia após dia na medida em que as autoridades encontram corpos jogados no mato, carros abandonados com cadáveres no porta-malas ou valas comuns, algumas com dezenas de mortos. Sinais de tortura são fato corriqueiro. Ninguém mais se surpreende com cabeças e membros decepados, mãos amarradas às costas ou ferimentos pelo corpo. São marcas incontestes das agressões físicas sofridas pela vítima antes do golpe de misericórdia.
Ao contrário do que se pode imaginar, não são apenas traficantes e soldados que estão morrendo. No universo de 50 mil vidas perdidas até agora, há incontáveis inocentes — que o governo prefere classificar, no estilo dos falcões do Pentágono, como danos colaterais. “Se o número de assassinatos mantiver o ritmo atual, até o fim de 2012 morrerão mais mexicanos devido à violência do narcotráfico do que os 58 mil estadunidenses caídos na Guerra do Vietnam”, compara Jorge Casteñeda, ex-ministro de Relações Internacionais do México. “Até o fim do governo de Felipe Calderón, mais de 50 bilhões de dólares terão sido gastos no cambate aos cartéis da droga, com resultados pífios.”
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POR TADEU BREDA, en México
@tadeubreda
Anabel Hernández es una de las muchas mujeres y hombres mexicanos cuya vida está en serio riesgo. Por ello, los guardaespaldas no pierden de vista ni un sólo de los sorbos que da a su Coca-Cola mientras habla animadamente con algunas colegas de profesión. El tema –las profundas relaciones entre el Estado y el narcotráfico en México– parece ser siempre el mismo desde que publicó el libro que le quitó la tranquilidad y transformó su vida en algo “miserable”.
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“A mí no me gusta especialmente el tema”, confiesa. “Sin embargo, hoy día no hay ninguna rama del periodismo acá en México, sea deportes, política o economía, que no pase por el narco.” Anabel acaba de participar en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se debatió sobre las deficiencias del sistema penal en el país. “Tenemos que tener en mente, no olvidar jamás, que quien condena a inocentes, protege a culpables”, pidió a los presentes. Y explicó por qué ello también tiene que ver con los cárteles de la droga.
Fue investigando el enriquecimiento ilícito del ex presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) para el libro La familia presidencial que Anabel Hernández llegó al asunto que, más tarde, tras un intenso trabajo de investigación, le posibilitaría sacar a la luz Los señores del narco, que ya vendió 75 mil ejemplares y deberá ser traducido brevemente al inglés. Entre la publicación de uno y otro pasaron cinco años, en los cuales Anabel también colaboró con el sitio web Reporte Indigo, siempre reportando sobre corrupción y las ramificaciones del narcotráfico en la administración pública.
Las amenazas eran constantes, pero se intensificaron poco tiempo después que Los señores del narco llegara a las librerías. Entonces, Anabel se enteró de que sectores de la Policía Federal la querían muerta y empezaban a planear su asesinato. Según dice, agentes de su “total confianza” escucharon –con los propios oídos– la estrategia y decidieron contársela. El plan era matar a la periodista como si fuera un crimen común, “montándose una farsa que pasa todos los días en México”, compara.
Felizmente, hubo tiempo para denunciarlo en la prensa y pedir protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como garantía, le ofrecieron dos guardaespaldas, que actualmente la siguen donde esté, como sombras gemelas de bigotes y armas en la cintura. La escolta le ofrece alguna tranquilidad, pero es sorprendentemente pequeña comparada a la protección de la que goza, por ejemplo, Roberto Saviano, el periodista que escribió Gomorra para denunciar los nombres y apellidos de la mafia italiana. Él cuenta con decenas agentes de seguridad y vehículos blindados para salvaguardarle la vida contra la acción de sicarios.
Las amenazas constantes, empero, no le quitan el ánimo a Anabel –o sí, a veces, pero no lo suficiente para que abandone sus investigaciones o huya del país–. “El que una periodista tenga que andar con escoltas es una vergüenza para cualquier nación. Temo constantemente por mi integridad física y la de mi familia, pero el temor sólo me impulsa y me hace entender que estoy en la línea correcta.” Anabel cuenta que ha tenido la oportunidad de dejar México cuando asociaciones de periodistas en EEUU le ofrecieron asilo. Sin embargo, no lo aceptó. “Tengo un papel a cumplir aquí. Ha llegado el momento en el que los mexicanos no podemos ser cobardes”. En breve, la periodista viajará a los lugares “más calientes” del país para presentar y debatir su libro. Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa deben ser visitadas por Anabel, que avisa: “Iré adónde más me inviten para hablar del tema.”
Monstruo de un millón de cabezas
Y el tema no es nada sencillo. Anabel explica que las relaciones entre el narcotráfico y el Estado mexicano guardan raíces en los años 1970. En aquel entonces, el gobierno ya tenía acuerdos con los capos de la droga. La gran diferencia con los días de hoy, señala, es que había total control de las instituciones estatales sobre los cárteles. “El gobierno era una autoridad sobre los traficantes y les decía lo que podían y no podían hacer. El Estado tenía fuerzas para imponer las reglas”, recuerda.
Sin embargo, el escenario empezó a cambiar en los 1980, con la introducción de la cocaína en el mercado mexicano. “Cuando se trataba solamente de la mariguana, los narcos no tenían tanto vuelo y monta”, analiza Anabel. Se puede entender. La mariguana es más difícil de transportar: ocupa más espacio, pesa más y tiene que ser vendida en gran cantidad para que ofrezca ganancias significativas. En cambio, la cocaína es ligera y cara. Grandes cargamentos llegan a valer miles de millones de dólares. Para citar un ejemplo, Pablo Escobar, el mítico traficante colombiano, compró una inmensa hacienda tras conseguir meter su primera carga de cocaína en EEUU. Para ello, utilizó una avioneta –que después, fue retirada de circulación para adornar la entrada de su nueva finca, comprada con dinero sucio–.
“Los colombianos de los cárteles de Cali y Medellín se asociaron a los narcos mexicanos para llevar cocaína al mercado estadounidense”, explica Anabel Hernández. Querían explorar la inmensa y desértica frontera que existe entre México y EEUU, una vez que las rutas utilizadas en el Mar Caribe eran cada vez más conocidas por las autoridades. “Entonces los traficantes empiezan a tener gran poder económico en México. La conexión con los colombianos les dio a los narcos una visión más amplia del tráfico, que empezó a ser encarado como un gran negocio.”
La CIA (Central Information Agency) también jugó un papel importante en el fortalecimiento de los capos mexicanos en los años 80. Para incrementar el apoyo que prestaban a los contras –grupos que luchaban en las selvas nicaragüenses para derrumbar al gobierno sandinista–, la Inteligencia norteamericana hizo un pacto con los narcos colombianos y mexicanos: “Harían la vista gorda al transporte de drogas hacia los EEUU si los señores del tráfico ayudasen a financiar a la contrarrevolución en Nicaragua. Hay documentos desclasificados a los que tuve acceso que comprueban esta relación.”
Con cada vez más dinero, los narcos fueron poco a poco corrompiendo a las instituciones mexicanas, los gobiernos y fuerzas de seguridad, hasta el punto en que los políticos empezaron a financiar sus campañas con el dinero de las drogas. Entonces los capos empezaron a transformarse en las mayores autoridades del país, hasta llegar al nivel al que se llegó actualmente.
La guerra del PAN
Y México llegó a esto (aproximadamente 40 mil muertes, corrupción generalizada, abuso policial, desaparecimientos forzados, militarización del país e inseguridad en las calles) después que el PAN arribó al poder. No significa que el PRI, que estuvo en la presidencia por 70 años, no haya colaborado con ello. “Hasta el 1er de diciembre de 2000, todos los gobiernos mexicanos solapaban a los cárteles y los protegían: a todos, sin excepción. Cada uno tenía su territorio y operaba en él. Convivían pacíficamente, pues había mercado para todos.”
El asenso de Vicente Fox a la presidencia cambió las reglas del juego. Sobre todo cuando se permitió que El Chapo Guzmán, capo del cártel de Sinaloa, huyera de una cárcel de máxima seguridad. La fuga se dio en enero de 2001, fecha en que, según Anabel, la relación entre el narco y el gobierno empezó a cambiar radicalmente. “Desde el gobierno, se decidió proteger a El Chapo y combatir con la fuerza del Estado a sus enemigos. El Estado invadió con el ejército a territorios que pertenecían a otros cárteles, les echó con el uso de la fuerza y luego dejó que los de Sinaloa ocuparan su lugar.”
Sin embargo, los demás cárteles no estaban muertos. Tenían capacidad de fuego y organización suficientes para hacer lo que están haciendo ahora: defender sangrientamente a sus plazas. “Claro, no van a dejar sus negocios de la noche a la mañana”, explica Anabel. “Si Vicente Fox hubiera combatido a todos los cárteles por igual, no estaríamos asistiendo al baño de sangre que vemos hoy día. Hay expedientes oficiales que señalan que la antigüa Agencia Federal de Investigaciones (AFI) protegió a Sinaloa. Los documentos lo dicen.”
Anabel cuenta que tuvo acceso a una carta que Los Zetas –otro de los poderosos cárteles mexicanos, con fuerte actuación en el sur del país y también en Guatemala– enviaron a algunos generales del Ejército. En las palabras de la periodista, el tono del texto es: “No vamos a dejar que nos quiten el territorio para dárselo a otros. Si el gobierno quiere combatir al narco, ok, tenemos conciencia de que estamos metidos en algo ilegal. Pero hay que combatirse a todos, sin excepción ni privilegios.”
A pesar de tener cómo comprobar la relación entre el PAN y el cártel de Sinaloa, Anabel Hernández todavía no tiene evidencias suficientes para explicarla. Al final, ¿por qué Vicente Fox habría privilegiado a El Chapo y no a cualquier capo? No se sabe al cierto.
Empero, la periodista está segura de que la política de Felipe Calderón y su guerra al narcotráfico, que empezó en el 2008, sólo hicieron crecer los índices de violencia en México. Y ello sin que los niveles de criminalidad o el tráfico se hayan disminuido. Para eso, sí, Anabel tiene una explicación: “La guerra no es contra el narco, sino entre narcos, porque el gobierno es parte de los cárteles. Por ello, las fuerzas de seguridad del Estado han perdido las nociones de derechos civiles y humanos, y pueden abusar tranquilamente de su autoridad.”
Según el Journalist Memorial del Newseum, de los Estados Unidos, en 2010 siete periodistas han muerto en México. Ellos son Carlos Alberto Guajardo, del Expreso de Matamoros, Marco Aurelio Martínez Tijerina, de La Tremenda, Hugo Alfredo Olivera Cartas, de El Día de Michoacán, José Luis Romero, Línea Directa, Luis Carlos Santiago, de El Diario de Juárez, Valentín Valdés Espinosa, del Zócalo de Saltillo, y Enrique Villicaña, de La Voz de Michoacán. El país no es menos peligroso que Paquistán para ejercer el oficio de informar. –tadeu breda(cc)
Publicado en Narco News
